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En noviembre la ciudad de Los Ángeles someterá a consulta pública el Acta para Gravar, Regular y Controlar la Cannabis. De prosperar, como es probable que así suceda, California se convertiría en la primer ciudad de América que legaliza la planta. Representaría una de las legislaciones más avanzadas para atacar el fenómeno del narcotráfico y rechazar las fracasadas políticas prohibicionistas vigentes desde principios del siglo pasado

Felipe Calderón declaró que "si Estados Unidos no legaliza... no tiene sentido que nosotros lo hagamos". Pues bien, los estadounidenses están a punto de hacerlo, por lo tanto, sí tiene sentido que nosotros empecemos a hacerlo también.

Y lo mejor es que ya existe una propuesta para la discusión de este asunto. El ciudadano Alfonso de Jesús García Pérez, integrante de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, ingresó el pasado 12 de enero, en la Cámara de Diputados del Estado de México, la Iniciativa para reformar los Capítulos V y VI y crear el Artículo 252 Bis de la Ley General de Salud, para retirar a la mariguana de la lista de drogas prohibidas en México y acabar con la persecución policiaca a sus consumidores mientras no violen la ley ni perjudiquen los derechos de terceros.

Los autores de la iniciativa, que cuenta con un robusto apartado de antecedentes históricos y una sólida exposición de motivos sustentada en datos científicos, afirman que entre los beneficios de la despenalización está la disminución del consumo por parte de los menores de edad; un combate más efectivo de las adicciones a través de un amplio proceso educativo y preventivo; le dará al gobierno el control científico del fenómeno para reducir los riesgos y los daños sobre la salud; y ayudará a desmantelar parte del crimen organizado, al combatir la corrupción de las autoridades y mermar los ingresos de los cárteles.

La reforma propone la creación de una Comisión Interinstitucional de Investigación y Seguimiento al Proceso de Despenalización de la Mariguana, integrada por los tres poderes federales, los gobiernos locales, instituciones educativas y de salud y organizaciones civiles. Sus funciones serán vigilar el proceso parcial de despenalización; el desarrollo de programas preventivos para menores de edad e informativos para mayores; el establecimiento de políticas públicas para reducir los riesgos por el consumo; y el lanzamiento de investigaciones y grupos de estudios científicos.

El consumo de la planta será autorizado por parte de médicos o psicólogos adscritos a dicho organismo y quedará absolutamente prohibido para los menores de edad, en la vía pública, en edificios públicos, cuando se operen vehículos motorizados, durante jornadas laborales o escolares o en lugares privados donde haya individuos a los que les moleste el humo. Y podrá ser consumida en establecimientos culturales y bajo vigilancia directa de psicólogos, educadores o médicos en festivales artísticos supervisados por autoridades locales, cuando se cuente con receta médica o la persona esté sujeta a "rehabilitación voluntaria, sin reclusión". Uno de los puntos más importantes de la iniciativa es que el consumidor deberá estar registrado dentro de un "padrón provisional de consumidores responsables" al momento de adquirir la cannabis con un vendedor autorizado. No se dará acceso a dicho padrón a las policías y entidades judiciales y será cancelado cuando la Comisión determine la liberación total de la planta.

La modificación a la Ley General de Salud consiste en pasar  al cannabis de la lista de estupefacientes (capítulo V, artículos 234, 237 y 245) e incorporarla a la lista de sustancias tipificadas como "De amplios usos terapéuticos y que constituyen un problema menor para la salud pública" (artículo 245, fracción I) y será considerada como medicamento herbolario.

Otro aspecto interesante de la reforma es que la posesión máxima pasa de los 5 gramos actuales a 50 gramos, y si se excediera esta cantidad la persona deberá justificar su condición de comerciante. Los productores y vendedores de mariguana deberán estar registrados y supervisados por la Comisión y por las entidades de desarrollo social y prevención del delito. Las ventas deberán generar y trasladar impuestos. Sin embargo, la producción para el autoconsumo no generará gravámenes  y no tendrá restricciones en el cultivo, mientras no se realice en espacios públicos.

Esta es una alternativa viable para atender el grave problema de la inseguridad pública provocada por la prohibición de las drogas. La otra opción es militarizar todos los aspectos de nuestras vidas, sufrir la pérdida de derechos, llenar los bolsillos de los grandes capos de la mafia y de la política y soportar más sangre, más violencia y más miedo conforme libramos una guerra en la que los únicos derrotados seguimos siendo los ciudadanos.